Con el mal llamado caso Garzón –que en realidad se debería denominar caso Varela, caso Supremo, caso Franquistas o caso Cadáveres en las cunetas— convendría atenerse a lo esencial para evitar las salidas por la tangente que practican los amigos de pescar en río revuelto –los denunciantes y quienes les apoyan– y los amigos de retorcer procedimientos y conceptos –entre los que destaca el juez instructor–; resumiendo, el asunto es así de sencillo:
El jardín en el que se ha metido el Supremo no es la memoria histórica, ni siquiera el franquismo y mucho menos Garzón, el eje del asunto es que en España hay cientos de fosas clandestinas en las que yacen los cuerpos de decenas de miles de personas asesinadas: ¡La mayoría de ellas fusiladas, acuchilladas, ahorcadas o apaleadas hasta la muerte cuando ya había acabado la guerra!, esto es fundamental.
Pues bien, en el Estado democrático de Derecho que es el Reino de España, el Tribunal Supremo se apresta a juzgar por prevaricación al juez de la jurisdicción especial (Audiencia Nacional) que abrió un procedimiento indagatorio que luego, tal como se determinó, deben seguir los jueces ordinarios a petición de parte con la única finalidad de localizar cadáveres de desaparecidos (con fecha 16 de octubre del 2008 se entregó en la Audiencia Nacional un listado –todavía incompleto– con 114.266 nombres y apellidos).

Para colmo, la iniciativa del juez que está a punto de ser juzgado no se abrió en el limbo ni en el vacío, sino que obedecía a peticiones formuladas por familiares de víctimas que buscan a sus parientes muertos.

Es más, el juez que dio esos primeros pasos no realizó ninguna diligencia para abrir sumarios a los posibles criminales, sino que se limitó a decir –resumiendo–: hay esto, señores y señoras; indaguemos, preguntemos, busquemos personas implicadas o que conocieran los hechos, localicemos  las fosas clandestinas y enterremos con dignidad a los asesinados y, de paso, pondremos fin a la angustia de miles de familias.

Y para redondear, más pronto que tarde el Consejo General del Poder Judicial deberá explicar a los ciudadanos porqué los jueces evitan atender las peticiones de los familiares para abrir fosas y enterrar dignamente a sus muertos. ¿Quiénes están presionado hasta el extremo de lograr que los funcionarios de Justicia eludan cumplir esos trámites?

¿Caso Garzón? No, el caso realmente sustancial es el de los cadáveres en las cunetas.
¿Quién está tensionando y poniendo en riesgo la estabilidad social y el apego de los administrados al sistema democrático, al Estado de Derecho y a los poderes públicos, incluida la Justicia: los ciudadanos que sienten vergüenza o los que están demostrando no tenerla?
DE ALTO INTERÉS: «La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas«, elaborado por Equipo Nizkor.
ENLACE a la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
CON ANTERIORIDAD, en ImP: «El aparato español de Justicia genera desconfianza«, «Españoles en fosas clandestinas: La vergüenza ética que urge recuperar«, «Países con más desaparecidos: 1º Camboya, 2º España» y «Juzgar a Garzón dinamita la ejemplar transición a la democracia«